La regulación española y las administraciones públicas deben avanzar con mayor agilidad en materia de sostenibilidad en colaboración con el sector privado y la sociedad, para fomentar las construcciones saludables y conscientes a través de mecanismos que apuesten por poner a las personas en el centro de las edificaciones y lograr ciudades y, por tanto, un mundo más eficiente, sostenible y saludable.